Pacientes y el acceso a la información sobre medicamentos

Esta semana se celebra el congreso internacional de ESMO en Madrid. En él, se presentan multitud de datos y resultados de estudios sobre tratamientos oncológicos de distintas patologías. Estos, en su mayoría, están vinculados al uso de fármacos desarrollados por la industria y que están sujetos a prescripción médica.

 

En esta edición del 2014 se ha producido una pequeña polémica al restringir el acceso al área de exhibición comercial y a los simposios satélites a pacientes, estudiantes, enfermeros y periodistas. La organización ha emitido un comunicado en el que se desvinculaba de tal restricción haciendo referencia a la legislación española que prohíbe la “publicidad” de medicamentos sujetos a prescripción médica a toda persona que no sea un profesional sanitario.

El artículo 78 de la ley 29/2006 de garantía y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, que recoge los puntos de la directiva europea 83/2001, estipula los siguientes supuestos para la promoción de medicamentos:

1. Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos que cumplan todos los requisitos que se relacionan a continuación:

• Que no se financien con fondos públicos.
• Que, por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento, aunque requieran la intervención de un farmacéutico. Este requisito podrá exceptuarse cuando se realicen campañas de vacunación aprobadas por las autoridades sanitarias competentes.
• Que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a lo definido en los convenios internacionales.

 

La ley no deja margen a la publicidad de ningún medicamento bajo prescripción médica. Así mismo el código de buenas prácticas de Farmaindustria, al arreglo del BOE, también se pronuncia en la misma línea.

Llegados a este punto hemos de distinguir entre dos conceptos, la publicidad y la información. Ambos conceptos implican la transmisión de contenidos pero los fines son distintos. En la publicidad se pretende influir en el sujeto para el uso o compra de lo publicitado mientras que el concepto “información” es definido por la RAE como: “Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. Esta diferencia es crucial a la hora de que los pacientes tengan derecho a los mejores tratamientos y puedan elegir y codecidir sobre su propia salud.

En la actualidad, los profesionales sanitarios se están encontrando cada vez más con pacientes, que en muchas ocasiones, demandan información o aportan otros puntos de vista a los diagnósticos y tratamientos. Este nuevo paciente “informado” aumenta día a día propiciado por la facilidad de información que los medios digitales (básicamente internet) proporcionan.  La tendencia del empoderamiento informativo de los pacientes es cada vez más importante e irá incrementándose a medida que las actuales generaciones más jóvenes vayan llegando a las franjas de edad con más  patologías.

Una de las preguntas que nos debemos realizar es si la información que reciben los pacientes sobre tratamientos farmacológicos y la cual, utilizan día a día para interactuar con los profesionales sanitarios, es veraz, correcta y adecuada. Teniendo en cuenta que esta información no puede ser proporcionada por los fabricantes de los productos y ni tan siquiera por las autoridades sanitarias, estamos dejando que terceros, habitualmente no profesionales, den criterios farmacológicos de origen dudoso a los pacientes.

Si buceamos un poco más en la legislación encontramos la ley orgánica 41/2002 de autonomía del paciente. En su artículo número dos habla del “derecho” del paciente a ser informado y decidir sobre las alternativas terapéuticas con esa información.

Si balanceamos las dos vertientes de la legislación, se genera una pregunta obvia ¿Es buna la restricción de información a los pacientes, avocándolos a los foros desregulados de internet?

Obviamente la respuesta es negativa, pero la alternativa no es ni tender hacia un modelo publicitario estadounidense ni hacia una prohibición total con intentos de controlar los contenidos digitales (cosa totalmente imposible). Tanto EFPIA como la Unión Europea han debatido sobre el tema y han propuesto, sin mucho éxito, alternativas informativas para los pacientes.

Al distinguir entre publicidad e información se pueden generar reglamentos estrictos que propicien el acceso de los pacientes a información de calidad proporcionada por los mismos profesionales, la industria y las administraciones sin incurrir en la frivolidad de la “publicidad” que tanto temen los gestores públicos. Es necesario que se cree un marco regulador para poder satisfacer las demandas de contenidos de todos aquellos que no son profesionales sanitarios. Además, garantizando la calidad, veracidad y la capacidad de contrastar dichos contenidos.

Existen sólidas evidencias que señalan que la adherencia al tratamiento se refuerza en el paciente informado. En consecuencia la colaboración de los pacientes con los profesionales implica resultados mucho más efectivos de los tratamientos y menor incidencia de efectos adversos. Esto genera una bajada de los costes derivados de la mala administración de medicamentos.

Es por todo esto que la regulación se ha de adaptar a los tiempos que vivimos permitiendo la difusión de información que no publicidad de los fármacos a los pacientes. Hay que homogeneizar las legislaciones estatales a nivel europeo y propiciar las sinergias entre las agencias, la industria y los profesionales para dar la mejor calidad de información farmacológica al paciente.

Formación y aprendizaje en salud ¿Son posibles otros modelos? #CarnavalSalud

Como personas del mundo sanitario, en su más amplia interpretación, a menudo, asistimos a múltiples congresos, simposios, reuniones y otros eventos para recibir o impartir “formación”. En primer lugar, hemos de entender “formación” en el sentido más amplio de la palabra y no únicamente como cursos estructurados y pautados. La formación va desde el aula más formal hasta el networking generado en una pausa-café. Me voy a centrar en algo tan conocido como los Congresos/Simposios.

Escolástica  (Miniatura. s. XIV)

Hablemos de la situación actual. La multitud de actos (de muy diversa índole) impulsados por organizaciones, empresas, personas particulares, fundaciones etc. es cada vez mayor. Cada evento tiene sus propias características, sus ponentes, sus participantes, sus patrocinadores…etc.

La cantidad de actividades y la complejidad de estas, es ingente. Mires él campo que mires, estas actividades están por todas partes. Estamos, en mi opinión, colmados de formación.

¿Pero realmente estamos hartos de formación o únicamente de la “mala formación”?

Profundicemos un poco. En general los actos más comunes y grandes, suelen ser congresos y simposios. En estos, encontramos una y otra vez a los mismos participantes y los mismos organizadores. En un par de meses, los organizadores pasarán a ser invitados y los invitados organizadores en un ciclo sin fin (una especie de endogamia científica generalizada)

Aunque actualmente la medicina moderna avanza a marchas forzadas es físicamente imposible que de un mes al siguiente existan novedades sustanciales para comunicar o formar a tus colegas. Aun así, se siguen generando más y más espacios. Por supuesto, generalmente,  pagados por la industria, que se convierte en una especie de banca particular de los llamados “KOLs”

Antiguamente, los congresos/simposios eran muy útiles para renovar el conocimiento en muchos campos médicos. La inexistencia de canales de comunicación digitales hacía muy difícil la difusión de información de los grandes expertos hacia los clínicos. Para solventar esto, se generaban espacios de encuentro e intercambio de experiencias.

Hoy en día, la era digital nos rodea y cualquier persona puede saber desde quien era la cuñada de Isabel II hasta que pauta de administración tiene un tratamiento psiquiátrico.

¿Es pues necesaria la formación presencial?

Si, lo es, aunque no en el formato actual. Pensemos que la facilidad de acceso de la información, por múltiples canales, ha hecho innecesario muchos de los simposios y congresos que antaño eran muy útiles para el intercambio de información. Además, no hemos de olvidar, que el origen de muchos de ellos tenía una finalidad legítima pero que han ido derivando en cortijos personales pagados por la industria sin más sentido aparente que la promoción de productos y las aportaciones económicas a grupos específicos de profesionales.

Así pues, en mi opinión, hemos de alejarnos de estas performances de Teletienda que, en muchos casos, no aportan nada. Hemos de abrir la perspectiva y generar espacios nuevos que podrían apoyarse en las redes sociales como fuente de networking e intercambio de conocimientos. 

La falacia del gasto sanitario

En el actual contexto de crisis económica y contención del gasto público se habla con mucha facilidad de la reducción del gasto sanitario. De forma subjetiva y atendiendo al elevado coste que supone un sistema sanitario y todos los servicios que de él derivan, se puede considerar que el actual SNS (Sistema Nacional de Salud) es un agujero negro de dinero público donde, en muchas ocasiones, se malgasta el dinero del contribuyente.

Es de recibo decir que como en todo sistema, tanto público como privado, existen multitud de ineficiencias que podríamos discutir larga y tendidamente. Además, hay que remarcar, que los criterios lógicos y racionales están sujetos a interpretación, por lo que un gasto superfluo para una persona puede no serlo para otra.

Miremos pues los fríos datos. Como se puede observar en la figura número 1, el gasto sanitario español (con datos del 2013) se encuentra en la media de la OCDE. Si miramos a nuestros los países nórdicos veremos que éstos se encuentran bastante por encima de la media y obviamente por delante de nosotros. Es un caso particular el que presenta EEUU, ya que su gasto sanitario es el más elevado de los de la OCDE pero no sería correcto hacer una comparación directa ya que estaríamos generando un sesgo por las diferencias de sistemas sanitarios.

Figura 1 (Datos de la OCDE)

Si nos fijamos en Alemania o Francia, que tienen sistemas muy similares al nuestro (aunque no totalmente) vemos que estos países invierten un porcentaje del PIB superior al español y a la media.

¿Son mejores en materia de sanidad estos países?

Como todo en esta vida, es relativo. La cartera de servicios del SNS, cuyas competencias están transferidas a las comunidades, es muy amplia y supera con creces la de países como Francia o Alemania. Entonces, ¿En qué gastan el dinero nuestros compatriotas europeos? Pues básicamente en personal. Los profesionales sanitarios en España tienen una remuneración de las más bajas de Europa (Figura número 2). Además los últimos decretos sobre rebajas salariales y recorte de las pagas extras a los funcionarios han acrecentado esta situación. Esto implica tener un sistema de cobertura más amplio con un coste menor. Otra discusión sería si la forma de mantener el sistema es precarizando a nuestros profesionales.

Figura 2

¿Pero qué pasa con la inversión?

Podríamos pensar que aun estando por debajo de países de referencia, cada año se invierte suficiente para que, en un breve periodo de tiempo, se consigan unos ratios similares.

Si analizamos el histórico de datos, vemos que desde el año 2000, el gasto sanitario en España se fue incrementando hasta colocarse por encima de la media de la OCDE. No obstantes, a partir del 2009éste sufrió un decrecimiento brusco tras los ajustes de las administraciones públicas. Como podemos observar en la figura número3, el gasto sanitario en relación al PIB ha experimentado una fuerte caída en los últimos años provocado por la contención económica de las administraciones, principales pagadores del sistema.Si añadiéramos el periodo 2012-2013 veríamos un descenso de hasta el -5%.

Lejos de corregirse,ésta tendencia parece ir en aumento. Los cambios de política en materia de sanidad están provocando una bajada de inversión importante además de la externalización de servicios, fomento de la sanidad privada e incluso el intento de subasta por partes de grandes empresas públicas como el ICS.

No hay que olvidar que desde el 2000 hasta el 2009, España crecía 4 puntos porcentuales, de media, por encima de la media de la OCDE en gasto sanitario.

Figura 3 (Datos OCDE)

Analicemos ahora el gasto sanitario per cápita. Si miramos los datos representados en la figura número4, veremos que España se aleja aún más de la media de la OCDE. En números absolutos el gasto en sanidad por ciudadano se encuentra en unos 2.361€ por habitante. Existe un dato muy interesante, los segmentos de color turquesa corresponden al gasto de la sanidad privada, que supone en porcentaje un 25% aproximadamente.

Figura 4 (Datos OCDE)

Como todos sabemos, en España, la mayor parte de la cobertura sanitaria está financiada por el sector público aunque existe una parte importante gestionada por el ámbito privado. Del 25% de los recursos que gestiona la sanidad privada, el 10% provienen de fondos públicos es decir, de concesiones y transferencias al sector privado por servicios que ofrece a la ciudadanía.  Este traspaso de fondos se ha ido incrementando año tras año. Si comparamos el dinero público que se gestiona por el sector privado entre el 2012 y el 2013, éste aumentó un 52%

Así pues, como ya he comentado anteriormente, en todo sistema existen ineficiencias pero es una falacia decir que España gasta en exceso en sanidad. Además, a la vista de los datos y de la cartera de servicios, centros, profesionales que tiene nuestro SNS hay que decir, que aun estando infra-financiado, hemos conseguido un nivel asistencial muy bueno. Pensemos que nuestro SNS da una cobertura prácticamente completa, desde un trasplante (con los costes y complejidad que ello conlleva) hasta una visita al médico de atención primaria.

Rubén López Zúñiga

Memento Mori

A pesar de la complejidad del tema que estamos tratando, me he animado a escribir unas breves líneas sobre la propuesta de Carnavalsalud relativa al "derecho a bien morir". No es mi intención relatar las clasificaciones o las disposiciones legales que intentan regular el inevitable fin al que todos llegaremos. Quiero por otro lado, dejar una opinión quizás más filosófica de lo que supone el fin de nuestra existencia y sobre todo de como ese fin llega.

En muchas ocasiones el ser humano relega al olvido todo aquello que le produce miedo e inquietud. Ese olvido, ese intento de relegar temas que a todos afectan pero que queremos aplazar lo más posible, ha provocado la invisibilidad de una consecuencia capital de la vida, la muerte. 

No es de extrañar que en la sociedad actual hayamos apartado a un segundo plano el tema de la muerte, la evolución humana del último siglo ha provocado que nuestra esperanza de vida aumente significativamente. Además en la mayoría de los casos vivimos mejor, por lo que podemos llegar a edades avanzadas sin necesidad de preocuparnos excesivamente de la Parca. No obstante esta, al igual que la espada de Damocles, pende sobre nuestras cabezas desde el momento en que llegamos a este mundo. En el fondo sabemos que algún día ese momento que queremos olvidar llegará aunque siempre esperamos que este sea de aquí muchos años por lo que nos desentendemos rápidamente.

Durante nuestra vida la sociedad nos inculca una serie de valores morales. Valores tales como la valentía, la sinceridad, el amor etc. Todos ellos están impregnados de una esencia básica que es la dignidad. A lo largo de la historia, al igual que la muerte, la palabra dignidad ha ido evolucionando. Desde la “dignitas” romana, pasando por el s.XIX con un concepto de honor, hasta nuestros días, la dignidad ha evolucionado al son de la moralidad y la ética humana. Aun así, en nuestra mente la dignidad adquiere una forma concreta, muchas veces variable según las personas pero con un alto valor simbólico. Todos queremos ser dignos, vivir con dignidad y que se nos reconozca esta a lo largo de nuestra existencia. Pero, ¿queremos morir dignamente?

La disociación de la sociedad actual entre su día a día y la muerte es tal, que esta se ha transformado en un tema tabú, nadie habla de ello, poca gente se plantea su propia muerte y por ende su propia existencia. Esta amnesia colectiva sumada a una creencia social mayoritaria en la que todos sobrevivimos o nos curamos gracias a la medicina, ha provocado que no nos planteemos la dignidad al final de nuestra vida hasta que el final está ya muy cerca o es del todo inesperado. No podemos pretender vivir dignamente si no nos planteamos morir dignamente. Obviamente esto es totalmente diferente según la persona, familia e incluso sociedad que esté considerando la dignidad de la muerte. Aún así existe un consenso básico sobre esto y es, la llegada al fin sin sufrimiento. 

En lo relativo a la muerte todo el mundo tiene un amplio consenso con que el ideal, es que esta suponga el mínimo sufrimiento a la persona. La minimización de ese sufrimiento viene muy ligada a la dignidad con la que queremos finalizar nuestra existencia y evidentemente es relativa a las diferentes situaciones en las que acabaremos o queremos acabar. La elección de nuestra forma de llegar ante la muerte es lo que el ser humano puede y debe elegir para poder ser digno de su propia existencia.

Pensemos que todos acabaremos de la misma forma por lo que tengamos presente como queremos hacerlo. Decidamos, decidamos de forma individual, de forma clara y fría como queremos enfrentarnos a nuestro último paso y sobre todo, de qué forma queremos hacerlo.

La falta de financiación como obstáculo a la ciencia española

A diferencia de lo que el gobierno asegura una y otra vez, la ciencia española ni es poca, ni de baja calidad. Se nos ha ido repitiendo esta afirmación durante mucho tiempo con el intento de justificar una sangría presupuestaria al sector de la investigación. 

Si nos atenemos a los datos, en la última década, el sistema español de I+D+i ha duplicado la cantidad de producción científica, su calidad y el grado de transferencia tecnológica. Los datos que utiliza el ministerio a la hora de afirmar que nuestra investigación es mala tienen dos claros sesgos, no contabilizan el antecedente histórico y no valoran las condiciones de trabajo. Obviamente España ha de mejorar en temas de investigación y desarrollo pero ateniéndose a los datos podemos decir que el máximo factor limitante que impide la mejora es la falta de financiación.

España está dejando pasar oportunidades muy importantes. Desde el inicio de la crisis hemos ido viendo una bajada paulatina en el gasto, por parte de la administración, en I+D+i. Esta disminución, justificada en un marco de recortes globales, ha provocado que el ya escuálido sistema científico español estuviera al borde del colapso. Como bien sabe el gobierno, recortar en I+D+i es muy agradecido. Esto, responde a que el ciudadano medio no ve de forma directa tal recorte aunque no evita, que a lo largo de los años veamos  como esa falta de inversión transforma a España en un país más pobre. 

Como caso estrella, encontramos a la joya de la corona de la investigación española, el CSIC. Este, se ha visto casi en la quiebra técnica debido a sus dificultades de tesorería consecuencia de la falta de financiación por parte de la administración. El gobierno tuvo que aprobar un crédito extraordinario de 104 millones, de los cuales 25 se utilizaron para salvar al CSIC. Si esta situación ha llegado a las más altas esferas científicas de nuestro país, ¿cómo han de estar muchos centros dependientes de universidades españolas?

Para los presupuestos de 2014 el ministerio prevé invertir 5.633 millones de euros en I+D+i, lo que supone un 1,3% más que el año pasado. Aun con este aumento, el sector sigue en números rojos, muy por debajo de lo que reclamó el colectivo carta por la ciencia que reclamaba un aumento de 636 millones de euros cada año para volver a alcanzar el nivel de 2009.

Es por todo esto que si queremos que nuestro país encamine una recuperación basada en una economía sólida, del conocimiento, diversificada y sobre todo, evitando al máximo las burbujas uni-sectoriales, hemos de apostar claramente por la investigación.  

El sistema sanitario estadounidense y ObamaCare

La extensión de los seguros privados al total de la población

Rubén López Zúñíga (02/11/2013)

Casi todos los expertos sobre el tema sanitario en EEUU coinciden en que la reforma “Patient Protection and Affordable Care Act (ACA)” o “ObamaCare” es el mayor cambio en la cobertura médica que se ha hecho en este país en los últimos 40 años, concretamente desde la implantación de Medicare and Medicaid en 1965.

A diferencia de lo que estaríamos acostumbrados en Europa, Estados Unidos tiene un sistema de salud básicamente privado. Cuenta con centros médicos de excelencia  y una avanzada tecnología, pero desde una perspectiva social europea  es un sistema altamente injusto. Esto es debido a que existe una parte de la población protegida de forma más o menos digna mientras que otros segmentos están infra-protegidos o desprotegidos. Para aquellos sectores más desfavorecidos o de riesgo, existe una especie de “sanidad pública” que depende tanto del gobierno federal como de los Estados y los entes locales.

Actores del sistema sanitarios estadounidenses:

Dividiremos el esquema en cuatro grandes ámbitos que se asocian más o menos a 4 franjas de población: en primer lugar el que depende del Gobierno Federal, el de los gobiernos estatales, el de los gobiernos locales y el sector privado. Hasta la última reforma de Obama, el Gobierno Federal era responsable de la atención  a 39 millones de ancianos y personas discapacitadas, 9 millones de funcionarios, 6 millones de militares en activo y las familias de ambos grupos. El Gobierno Federal también financia junto con los Estados, programas de seguros públicos para gente con pocos recursos y niños en riesgo de pobreza. Funciona, además, como receptor primario de información y constituye la principal fuente de financiación de los servicios de investigación aunque, llamativamente, no asume la planificación de la Sanidad.

Los gobiernos estatales son responsables de regular la actividad de los proveedores de servicios de salud y de las compañías aseguradoras. Establecen los requisitos de solvencia financiera, calidad del seguro, beneficios y otras cuestiones. Además conceden las licencias y certificaciones a hospitales, médicos y otros proveedores. Los gobiernos locales, junto a los estatales, desarrollan un papel importante en la financiación de la llamada “red de proveedores de seguridad” que presta atención a los indigentes y mantiene los servicios de emergencia.

En lo referente al porcentaje de gente que depende de servicios financiados por la administración pública estamos hablando de una parte relativamente pequeña ya que la mayoría de los ciudadanos está cubierto con un seguro a través de su puesto de trabajo.

Costes:

Siendo el sistema sanitario estadounidense uno de los menos valorados, tiene unos costes astronómicos, llegando a representar un 16,2% del PIB, casi el doble de la media de otros países de la OCDE.

El sistema se ha ido encareciendo rápidamente a lo largo de los años.  En el gráfico siguiente se observa como los costes per cápita han aumentado paulatinamente desde el año 2000. Se calcula que entre un 50-60% de las bancarrotas privadas son consecuencia de no poder hacer frente a las facturas medicas. Además, el aumento de los precios obliga al gobierno a incrementar la cantidad de dinero en los programas Medicare y Medicaid lo que conlleva un aumento importante del déficit del estado.

Antes de desgranar las claves de la reforma sanitaria de Obama tendríamos que analizar el esquema general del sistema americano de salud para llegar a comprender como funciona esta amalgama público-privada de aseguradoras,  cooperativas sanitarias y proveedores que se entremezclan con los gobiernos estatales, locales y el gobierno federal.

Hablaremos ahora de 4 grupos distintos donde podemos clasificar la población estadounidense según su cobertura médica. Antes hemos de tener en cuenta que la unidad básica del sistema son los seguros privados. Estos ofrecen coberturas variables según las prestaciones contratadas y por consiguiente según el dinero que pagues. Todo se estructura a través de estos contratos, tanto los servicios pagados por la administración como los servicios privados contratados por los ciudadanos.

Clasificación poblacional según cobertura:

En primer lugar encontramos a todos aquellos ciudadanos con o sin sus familias (dependiendo del plan de cobertura) que cuentan con un seguro médico a través de su puesto de trabajo. Esto es la gran parte de la población. Los seguros médicos vinculados a las empresas son muy variables y normalmente dependen de la voluntad empresarial y por supuesto de los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de los años con la negociación sindical. Además, dentro de estos encontraríamos todos aquellos empleados públicos (funcionarios), sus familias y los militares que representarían trabajadores del estado y por tanto con cobertura médica.

El segundo gran grupo de personas cubiertas por algún tipo de plan de salud son los amparados por los programas Medicare (para personas mayores de 65 años) o Medicate (personas con muy bajos ingresos, mujeres embarazadas  y personas discapacitadas). Aun siendo programas públicos (gestionados por empresas privadas) los separo de los funcionarios y militares ya que se trataría más bien de servicios de beneficencia y no de un derecho por ejercer un trabajo. Estos programas seguirán funcionando tras la aplicación de Obamacare.

En tercer lugar tenemos todas aquellas personas que han contratado un seguro de salud individual tanto de baja protección como los de categoría “bronce”, pasando por los rangos intermedios o los de alta protección “platino”. Dentro de esta franja existe un grupo significativo de unos 25 millones de ciudadanos que aun teniendo seguro tienen una cobertura médica insuficiente para sus necesidades.

Finalmente encontramos todos aquellos que no tienen ninguna cobertura médica y que representan alrededor de 46 millones de ciudadanos, un 15% de la población. A pesar de esta espeluznante cifra, no hemos de caer en la trampa de pensar que esos 46 millones de personas son solo gente sin recursos. En muchas ocasiones se trata de gente joven que no ve una necesidad imperiosa de contratar un seguro médico ya que goza de un buen estado de salud y que lo pospone para más adelante.

El sistema sanitario estadounidense tiene una serie de inconvenientes con respecto a la cobertura. Obviamente no todo aquel que quiere contratar un seguro médico puede permitírselo. Además, aunque pudieras pagarlo muchas veces las aseguradoras no querrían hacerse cargo de él. Este es el caso de todas aquellas personas con altos riesgos asociados como haber sufrido enfermedades anteriormente, tener una edad elevada o ser enfermos crónicos.

Así pues, en la franja menos protegida de la población tendríamos tres tipos de personas: aquellas con bajos recursos pero que no pueden acceder a los programas Medicaid, personas con enfermedades crónicas, degenerativas, raras o en definitiva muy costosas y todas aquellas personas que no han contratado un seguro atendiendo a su buen estado de salud o su juventud.

¿Qué representa la reforma Obama?

La idea de una mejora en las coberturas sanitarias estadounidenses proviene ya de 1989 cuando fue propuesta por la fundación conservadora Heritage con la intención de evitar los pagos individuales de salud y lo que eso suponía.  En 1993 el presidente Bill Clinton ya intentó modificar el sistema sanitario sin éxito pero sí contribuyendo a un debate de fondo presente en EEUU desde hace años.

A partir de aquí la administración Obama se plantea cómo mejorar la cobertura médica a los estadounidenses a la vez que intentan bajar los costos para la administración. Esto acaba generando lo que se llama “Patient Protection and Affordable Care Act”, un intento para llevar la cobertura sanitaria a todos los estadounidenses.

La implementación del nuevo programa no tiene como objetivo la creación de un sistema de sanidad público y universal. Tampoco acabar con las todopoderosas aseguradoras privadas ni, por descontado, substituir los programas Medicare o Medicaid. La reforma tiene dos únicos objetivos; dar cobertura sanitaria a todos los estadounidenses y bajar el coste sanitario en Estados Unidos.

Analicemos diferentes aspectos que traerá a partir del 2014 la (ACA)

Con respecto a los programas sociales Medicaid y Medicare, el gobierno federal pretende ampliar la cobertura a mayores de 65 años como se está haciendo actualmente con el aumento de la carta de servicios. Por otro lado se quiere incrementar el número de beneficiarios del programa Medicaid para intentar englobar una parte más amplia de la población con dificultades económicas. Uno de los problemas con los que se ha encontrado la administración Obama es que la implementación del programa Medicaid viene a cargo de los estados y muchos de ellos han decidió no aplicar la reforma aunque el estado Federal corre con el 100% de los gastos durante los 3 primeros años y el 90% el resto del tiempo. Es un bache difícil de superar ya que el Tribunal Supremo dictaminó que era competencia de los estados decidir si aumentaban o no el programa Medicaid, por lo que muchas administraciones estatales contrarias a la política de Obamacare se han negado.

Problemas políticos aparte, que los hay a montones en esta reforma legal, en líneas generales, el programa tiene una serie de objetivos concretos:

•        Garantizar que todo ciudadano cuenta con un seguro médico de unas condiciones mínimas establecidas en la nueva normativa.  Los standards mínimos más relevantes son: Atención hospitalaria, visita al médico de cabecera, atención prenatal, cuidados de salud mental y medicamentos con receta.
• 
  
•      Permitir que alrededor de 47 millones de mujeres puedan tener acceso a servicios preventivos de salud y que el precio de sus pólizas sea igual que el de los hombres (cosa que actualmente no pasaba).
• 
  
•      Eliminar la discriminación de clientes por factores de riesgo o antecedentes clínicos. Además, obliga a las aseguradoras a prestarte servicios aun siendo un enfermo crónico.  Este es un cambio importante ya que actualmente las aseguradoras intentan tener una gran cantidad de clientes sanos y el porcentaje mínimo de clientes enfermos evitando al máximo los llamados “pacientes de alto coste”, que serian todos aquellos con enfermedades crónicas, enfermedades terminales o raras.

Además, la reforma decreta una gran cantidad de medidas de protección al consumidor como el control de aumento de tarifas por parte de las aseguradoras, un tope sobre tu renta anual en gastos médicos (8%), pruebas preventivas sin gastos directos por parte del consumidor y la evaluación de hospitales y médicos según la satisfacción del cliente y tratos a los enfermos más complicados.

Con tal de incrementar el número de personas cubiertas, se exigirá a las compañías de más de 50 empleados que aseguren a sus trabajadores a tiempo completo, así que muchas más trabajadores tendrán cobertura de salud. Las empresas más pequeñas no estarán obligadas a prestar seguro médico pero el gobierno las incentivará fiscalmente para que lo hagan.

Se creará un mercado de seguros médicos donde los diferentes proveedores competirán entre sí, cosa que “en principio” aumentaría la calidad del servicio y bajaría los precios. Este mercado de seguros estaría supervisado por la administración para evitar abusos y discriminaciones.

Para el ciudadano, comprar un seguro en este tipo de mercados generados por los estados o el gobierno federal tendrá la ventaja de que muchas personas y familias contarán con créditos fiscales para asumir las primas. Estos créditos fiscales serán otorgados en función de sus ingresos y el seguro médico escogido. Así pues muchos ciudadanos que quedan excluidos del programa Medicaid pero que actualmente no tienen suficientes ingresos para adquirir un seguro con los estándares mínimos quedarán cubiertos con las ayudas del gobierno ya que estas facilitarán la contratación de seguros.

Los costes de los seguros se reducirán para muchas personas gracias a las ayudas estatales pero es obvio que muchas otras (con ingresos más altos) tendrán que pagar más. Esto no es del todo malo ya que las compañías para diferenciarse de la franja de ciudadanos digamos “subvencionados” ofrecerían unos mayores servicios y cobertura sanitaria a todos aquellos que se vean obligados a pagar íntegramente sus pólizas.

La consecuencia lógica de todas estas medidas es: ¿si no me pueden negar un seguro y además pagaré poco, porque debería hacerme una póliza ahora y no cuando caiga enfermo?

Bien, para el supuesto de “listillos” el gobierno ha previsto dos medidas. La primera es que se obliga a todos los que no dispongan de seguro actualmente a hacérselo en unos periodos concretos. Todo aquel que pasados estos periodos no tenga seguro pagará una cuantiosa multa con lo que no saldrá a cuenta no tener cobertura previa. Esta obligatoriedad no solo supone un ahorro al propio ciudadano cuando tenga algún percance sino que aumenta la masa de personas contribuyentes al sistema (entendamos sistema como balance entre enfermos y sanos dentro de una aseguradora) estabilizándolo y diversificando mucho más el riesgo.

¿Quién pagara todo esto?

Evidentemente el incremento en el gasto que supondrá la implementación de ObamaCare estará financiada a través de impuestos. Muchos provendrán directamente de la industria de la salud. Se incrementará la presión fiscal en la población más rica para financiar Medicare y Medicaid. Tanto las aseguradoras como los proveedores tendrán que asumir una bajada de beneficios ya que la competitividad del sector sumada a los estándares mínimos de calidad harán que el único mecanismo para bajar precios sea recortar márgenes. Por otra parte existen medidas de racionalización del gasto en sanidad y una fuerte apuesta por los programas de prevención que se han demostrado muy eficientes a la hora de reducir el coste sanitario a largo plazo.

Después de este análisis y tras dejar claro que esto no se trata de una reforma sanitaria a la europea, podemos llegar a la conclusión que más que una modificación del sistema de salud es una ley de protección al consumidor. Aun así hemos de decir que se trata de un paso adelante muy importante en EEUU si tenemos en cuenta su dinámica empresarial en el sector salud además de una cultura muy individualista.  

Incipiens

Después de mucho tiempo sin escribir he decidido volver a crearme un blog. No porque antiguamente no lo tuviera sino porque hace tanto tiempo que no creaba ninguna entrada que no recuerdo la contraseña de mi antiguo espacio. Así pues mi antiguo blog llamado Papiro ha pasado a mejor vida y empiezo uno nuevo con la intención (que siempre tiene todo el mundo cuando inicia un espacio como este) de escribir regularmente.

Mis intereses son múltiples y variados, van desde la jardinería hasta el antiguo Egipto pasando por la astronomía y la herboristería. No obstante el mundo farmacéutico es mi profesión y por extensión uno de los campos que más me gustan. Esto quiere decir, que en este blog se hablara de todo pero seguramente lo que más veáis sean temas relacionados con el mundo farmacéutico, la política y la historia.

Sin más intención de aburriros con mis divagaciones espero que lo disfrutéis.